Reforma de la Política Pesquera Común
La Comisión presenta una tímida propuesta que no resuelve los retos de la política pesquera de la Unión Europea
Luego de una larga espera, la Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta de reforma de la Política Pesquera Común. Desde Verdes/ALE creemos que la comunicación no aborda correctamente los desafíos que suponen la pesquería en la UE, fracasa notablemente al intentar implementar un mecanismo de mercado de derechos de propiedad de pesca, tratándolos como bienes privados en lugar de considerarlos un bien común. Es decir, que no garantiza el objetivo global de sostenibilidad medioambiental.
Comentando sobre la propuesta de creación de derechos de propiedad, el Vicepresidente del grupo Verdes/ALE y Eurodiputado de ICV, Raül Romeva i Rueda, remarcó:
"Sin una población sana y abundante de peces, nunca habrá una industria pesquera fuerte ni comunidades pesqueras. La mayor prioridad de cualquier política de pesca debe ser la sostenibilidad ambiental, con instrumentos que persigan y consigan garantizar unas pesquerías sanas y sostenibles; ésta es una condición necesaria para el desarrollo económico y social sostenible de todas las actividades relacionadas con la pesca. La Comisión Europea fracasa al continuar adoptando un enfoque que enfrenta los objetivos de trabajo y de protección de las comunidades pesqueras con la conservación de las pesquerías. Éste es un error fundamental.
La propuesta de la Comisión de establecer un mecanismo de mercado para determinar quién tiene el derecho de pesca es un gran escándalo. Otorgar derechos de pesca comerciables provocará una mayor especulación y la concentración de los derechos de pesca en las manos de quienes más pueden pagar. Todavía peor, si los permisos de pesca son distribuidos en función de la participación histórica en la actividad pesquera, el sistema permitirá a aquellos que fueron responsables de la sobreexplotación en el pasado, continuar siéndolo en el futuro.
Las pesquerías no son un bien privado cualquiera; todo lo contrario, son un recurso natural renovable que forma parte de nuestros bienes comunes. Las personas involucradas en actividades de pesca deben demostrar que sus actividades no dañan el medio marino y que generan contribuciones significativas a las comunidades costeras, para así garantizar el verdadero derecho a pescar.
El actual sistema de descartes es totalmente ineficiente y necesitamos ponerle fin. Celebramos que a Comisión haya reconocido este hecho, pero su enfoque tímido es claramente insuficiente. La propuesta prohíbe solo los descartes de determinadas especies de peces que son explotadas comercialmente y fracasa al intentar establecer una conexión entre la prohibición y la necesidad de mejorar las técnicas de pesca y de selección para asegurar que los peces que no se pretende pescar no sean capturados en un primer momento".
