El Parlamento Europeo pide más protección para los denunciantes

Hoy, la Comisión JURI del Parlamento Europeo ha votado por amplia mayoría a favor de la Directiva europea sobre la protección de los denunciantes, también conocida como la directiva "Whistleblowers", para reforzar la transparencia y la democracia y proteger a las personas físicas que asumen un gran riesgo a la hora de denunciar infracciones de interés general o fraudes, así como al periodismo de investigación. La directiva propuesta por la Comisión, que ya proporcionaba una buena base, ha sido fuertemente reforzada por el Parlamento, ampliando la libertad de que dispone una persona para decidir cómo presentar una denuncia, y ampliando el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir la protección de las personas que denuncian violaciones de los derechos de los trabajadores o de igualdad de género en el lugar de trabajo.

El Parlamento entrará ahora en la fase de negociaciones con el Consejo Europeo y la Comisión Europea. El Grupo Verdes/ALE insta a los Estados a que traten estas negociaciones con la máxima prioridad para que se pueda alcanzar un acuerdo lo antes posible, y en cualquier caso, antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, con el fin de demostrar la necesidad de una Europa que protege la democracia.  

 Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, ha comentado:

"Durante demasiado tiempo, las personas no han podido hablar cuando se encontraban ante una mala práctica, casos de corrupción u otros delitos en el lugar de trabajo por temor a represalias. Con esta directiva, podrán elegir la forma más adecuada de lanzar una alerta, ya sea internamente o, si es necesario, a través de un canal externo. Esta nueva legislación es una gran victoria en nuestra lucha por la transparencia y democracia, y con la votación de hoy el Parlamento Europeo envía un claro mensaje de que las personas necesitan la mayor protección posible para poder expresarse. La directiva, que tendrá prioridad sobre la directiva sobre confidencialidad empresarial, complementará los derechos de los trabajadores dentro de la empresa y permitirá a los sindicatos apoyar a los denunciantes de irregularidades a lo largo del procedimiento de denuncia.  Contaremos finalmente con instrumentos jurídicos para proteger a los denunciantes de toda forma de represalias. Sin embargo, tenemos que lamentar que la mayoría de los grupos se opusiera a la protección de las ONG como entidad jurídica, limitándose a las personas físicas".