Carne, alimentos para animales y la hipocresía insoportable de la UE sobre los OMG

La ONG Mighty Earth ha publicado esta mañana un exhaustivo informe sobre las nefastas consecuencias del actual sistema de producción de carne, leche y huevos de la UE en países, especialmente en América Latina, que producen alimentos para los animales de granja.

El informe explica que la UE importa 27,8 millones de toneladas de soja de América del Sur cada año y destaca las terribles condiciones en que se produce. La deforestación masiva para hacer espacio para los cultivos de soja - más de 8 millones de hectáreas en los últimos 12 años - liberó el equivalente a 3.024 millones de toneladas métricas de CO2 y puso en peligro especies raras y ecosistemas frágiles.

Según el Banco Mundial, el uso de agroquímicos, especialmente glifosato, aumentó en un 1000% en 20 años debido al cultivo de soja transgénica; lo que ha conllevado contaminación en el agua, aire y suelo, y ha provocado efectos desastrosos en la salud de las poblaciones locales. En concreto, un 19% de las muertes en Argentina son causadas por cáncer, que se concentran de una manera desproporcionada en las zonas de cultivo de soja.

Esta terrible realidad es causa directa de una enorme e hipócrita contradicción en las políticas de la UE sobre los OGM. Esto es en gran parte invisible para los ciudadanos de la UE, ya que no afecta al etiquetado de los alimentos, y no tiene detrás a ningún activista implicado en el campo de los transgénicos. Para darse cuenta de ello, el ciudadano tendría que investigar sobre los más de 70 cultivos transgénicos que pueden entrar en la UE como alimento para animales de granja.

Una variedad de soja ... y dos herbicidas peligrosos

Tomemos el ejemplo de una variedad de soja vendida por la multinacional estadounidense Dow AgroSciences. Esta soja, poéticamente llamada "DAS68416-4", ha sido genéticamente modificada para tolerar el uso de dos herbicidas: glufosinato de amonio y 2,4D.

Estos, como todos los herbicidas, tienen un efecto negativo en el medio ambiente y la biodiversidad. En este es aún más, ya que se utilizan para variedades de plantas que se han hecho tolerantes a ellos. De hecho, se ha demostrado que, al no poner en riesgo su propio cultivo[1], los agricultores usan mayores cantidades de estos productos. Por no mencionar los posibles efectos combinados de glufosinato y 2,4 D en el medio ambiente.

Además, se sospecha que los herbicidas en cuestión tienen un impacto negativo en la salud. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en un control en 2005, destacó que el glufosinato muestra toxicidad reproductiva, por eso este producto se está dejando de utilizar en campos de cultivo europeos. El 2,4 D tiene un metabolito (2,4-DCP) que puede causar efectos metabólicos y genotóxicos negativos, y que, como el propio 2,4-D, está catalogado como “posible carcinógeno basado en evidencias negativas en humanos y evidencias limitada en animales de laboratorio” según la agencia internacional de investigación de cáncer de la OMS (IARC).

¿Estamos envenenando al resto del mundo para alimentar a nuestros animales de granja?

A la luz de esta información, está muy claro que nunca estaría permitido cultivar esta soja en la UE, pues habría protestas de la sociedad civil y la mayoría de los Estados miembros rechazaría su cultivo dentro de su territorio (como ocurre actualmente con el maíz Mon810).

Sin embargo, se permite la entrada de la soja DAS68416-4 a la UE a través de importaciones, al igual que numerosas variedades OGM tóxicas y perjudiciales para el medio ambiente. ¡Solo en los últimos 3 años, 18 nuevos cultivos transgénicos han sido autorizados para entrar al mercado de la UE!

Su uso en alimentos es extremadamente anecdótico, ya que los ciudadanos de la UE han demostrado un arraigado rechazo a los OMG, aunque estos se cuelen en los pesebres de nuestras vacas, cerdos y aves de corral cuyos productos (carne, huevos, leche) no serán etiquetados como derivados de un transgénico. La UE parece sentirse cómoda con el hecho de que otros países puedan estar destruyendo el medio ambiente y envenenando a sus propios agricultores y población rural, con tal de poder mantener este insostenible sistema de producción animal.

En los últimos 36 meses, el Parlamento Europeo se ha opuesto 23 veces a estas autorizaciones de importación y volverá a votar pronto sobre la remolacha azucarera transgénica. Además de la falta de apoyo político del Parlamento Europeo o de los Estados miembros, el proceso de toma de decisiones ha sido antidemocrático y opaco (vea nuestro artículo sobre este tema), lo que significa que la decisión suele estar en manos de la Comisión Europea.

¡Es hora de cambiar el modelo!

Afortunadamente, hay soluciones para esta inaceptable situación. Para empezar, tenemos que reubicar la producción de cultivos proteínicos de bosques o sabanas ex-tropicales, e impulsar la producción de cultivos proteicos regionales y en la UE; introduciendo plantas leguminosas a las rotaciones de cultivos y aprovechando mejor la alimentación del ganado basada en pastos.

Estos son algunos de los objetivos de un informe que pronto se votará en el Parlamento Europeo. Al desarrollar la producción[2] de proteaginosas no modificadas genéticamente, resolveremos muchos de los problemas delineados en el informe de Mighty Earth y reduciremos significativamente nuestro impacto negativo sobre el cambio climático, al tiempo que promoveremos una alimentación animal con producción local, que no sea ambiental ni socialmente destructiva.

También es el momento de permitir que sean los consumidores quienes puedan hacer una elección en este sentido, mediante el etiquetado final en la lecha, la carne y los huevos procedentes de animales alimentados con transgénicos. La implementación de esta acertada propuesta de Los Verdes / ALE eliminaría la cortina de humo utilizada por algunos Estados miembros para aprobar las importaciones de OGM en la UE, mientras niegan que se pueda cultivar en su propio territorio.

Finalmente, tenemos que repensar nuestro modelo de ganadería: la cría de animales industriales es destructiva para el medio ambiente y ciertas poblaciones, y no está remunerada para los agricultores europeos. Solo sirve al interés de la industria agroquímica y el comercio intercontinental de productos básicos. La nueva política agrícola común tiene que respaldar los sistemas al servicio de los ciudadanos, incluidos los consumidores y los agricultores.